El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la Corte Suprema de Justicia «le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país».
El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la Corte Suprema de Justicia «le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país», en relación al fallo que dictó el máximo tribunal en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y afirmó que «la intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible».
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«Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país», cuestionó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
En esa línea, el mandatario aseguró que la situación actual del Consejo de la Magistratura, presidido por el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, «es de una gravedad institucional mayúscula» porque «el Congreso debió soportar la intromisión del Poder Judicial en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes».
En esa línea, el jefe de Estado advirtió que «si la reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado -en el Congreso- y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio».
Por otro lado, el Presidente siguió con sus cuestionamiento al máximo tribunal, en el marco del proceso de Juicio Político que enfrentan los cuatro jueces supremos. “Los ejemplos abundan. Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo”, remarcó Fernández.
El Jefe de Estado aseguró que la sociedad vio “como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país”. “Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares. Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”, subrayó.
«Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso», dijo el Presidente ante la Asamblea Legislativa, y agregó: «No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia«.
Por otro lado, el mandatario expresó: «No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Y no son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia y se aíslan en Punta del Este alegando persecuciones».
En este marco, Alberto Fernández se refirió a la condena a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio de la llamada Causa Vialidad.
“Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. ‘No pudo no haber sabido’ sostienen (los magistrados)”, señaló el jefe de Estado al referirse a la causa Vialidad.
En este sentido, el mandatario remarcó que «cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso», y que, «al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa y que evolucionó con la mejor dogmática en el derecho continental, le repugnaría observar semejantes conclusiones”.
Por último, aseguró que en su Gobierno se puso fin al espionaje interno y recordó la mesa judicial implementada durante el macrismo.
«El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la AFI son públicos. No existen operadores que en nombre del Gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano», dijo el mandatario y añadió: «Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal, mal que le pese a cualquiera»