Será a partir de este lunes ante el Tribunal Oral Federal 2. Está previsto que primero exponga la Unidad de información financiera y luego la fiscalía para finalmente hacerlo cada una de las defensas.
Ante el Tribunal Oral Federal 2 ( TOF2) comenzarán los alegatos en la causa que se conoce como el direccionamiento de obra pública en favor de Austral Construcciones, la empresa insignia del empresario santacruceño Lázaro Báez, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusada como jefa de una asociación ilícita.
Según el cronograma previsto la audiencia comenzará a las 9.30 de este lunes, con la exposición de la Unidad de información financiera, que es querellante en el proceso, que contará con tres jornadas, lunes, miércoles y viernes de esta semana.
Esto se decidió luego de que el TOF 2 rechazara en la última audiencia del 27 de junio postergar para el 16 de agosto el inicio de los alegatos en el juicio oral como había pedido el abogado del organismo Diego Duarte al considerar que necesitaban más tiempo para hacerlo. Uno de los argumentos fue que la oficina anticorrupción que desistió de ser querellante comenzaría el 11 por lo que estaba previsto que ellos lo hicieran en agosto.
Luego será el turno del fiscal Diego Luciani quien solicitó 9 audiencias para su alegato y finalmente será el turno de las defensas de los 13 imputados, entre los que se encuentra la vicepresidenta.
El 21 de mayo de 2019 el Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su Gabinete como también el empresario Lázaro Báez por presuntas irregularidades en 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, adjudicadas al Grupo Austral Construcciones por 46 mil millones de pesos.
Junto a la vicepresidenta son juzgados el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques al solicitar la elevación a juicio tuvieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz”.