Firme, sin vacilaciones y hasta con un dejo de arrogancia, Tonón expuso por qué fue el hombre que con mano de hierro manejó la obra social a su modo y exhibió desdén hacía algunos temas que aparecen como clave respecto a la ausencia de contabilidad fiable, hasta poniendo como ejemplo que una “libreta de almacenero” es un modo de hacer contabilidad no informatizada.

Interrogado sobre el “trascendido” de que habría recibido presiones sobre la continuidad laboral de su hijo (que se desempeña en el Consejo de la Magistratura) para no asistir a la comisión, Tonón las negó rotundamente. Pero lanzó enigmático: “en lo que me siento presionado es con la actitud de otros organismos. Me reservó decir cuáles”.

Increíblemente, después de ampararse en el artículo 18 en más de 20 oportunidades, cuando Ocaña comenzó a preguntar por reuniones, periodicidad, sistema de compras y las contrataciones de las firmas Farmandat y Emergencias Médicas Integrales, respondió a todo de buen modo y remitiéndose a los detalles en los expedientes. Hasta ironizó sobre que no se trata de “empresas fantasma” –como está denunciado- y le adjuntó el dato de que esos contratos “fueron elevados a todos los ministros”. “No se hizo ningún pliego a medida, Diputada”, replicó diciendo que en los expedientes estaban los beneficios que significaban para las arcas de las prestaciones.

La declaración no estuvo exenta de contradicciones con otros testigos como el caso de Guadalupe Burgos que estaba encargada de la tesorería y tenía firma autorizada para los pagos. Obviamente, se choca de bruces con el capítulo Marchi y los informes que dijo desconocer, lo mismo que el correo de Maqueda en el que deslindaba su responsabilidad de supervisión sobre la obra social. Se lo notó fastidioso con los números de fondo anticíclico enunciados por Marchi y aseguró que eran menores y que la disposición de esos fondos para “inversiones” en plazos fijos fueron en 2011 una orden de los ministros de la Corte. Jugoso, esperado, friccionado y tenso, el testimonio de Tonón fue el plato fuerte de un capítulo que tendrá a su sucesor Mariano Althabe, una suerte de intervención dispuesta por Horacio Rosatti pero que para la comisión arrastra las mismas falencias e irregularidades que la gestión anterior.

Compras vidriosas

La antesala con Clerici, hábil declarante y bien dispuesto pero evitando dejarle títulos a los diputados oficialistas testimonió como buen encargado de jurídicos: Remitiéndose a papeles y a los ajustado a los alcances normativos de la auditoría en la que participó.

Dijo haberse enterado cuando se publicó la resolución que los designó de su tarea. Sin embargo, ya había quedado expuesto algo paradójico: una ley del Congreso explícitamente excluyó a la obra social del Poder Judicial (y a algunas otras) de los alcances regulatorios que contempla la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero también que la Corte y por propiedad transitiva la obra social se rige por el reglamento interno de compras y contrataciones que fue reemplazado en el año 2000. Clerici expresó que coincidía con las observaciones de los diputados oficialistas respecto al contrasentido de citar como marco regulatorio una ley derogada para las licitaciones de la obra social y que ello había sido señalado en las observaciones de auditoría a partir de la muestra tomada.

Ocaña, activísima ayer, recordó que en el pedido de juicio político de 2018 de la Coalición Cívica ya habían advertido sobre el método de contratación, por lo menos, con un marco jurídico desactualizado.

Si bien hubo reclamos opositores a la extensión de las audiencias y al pedido de una decena de nuevos testigos respecto a la causal de la obra social, se prevén una o dos audiencias más para completar la recolección de elementos para luego pasar al tramo del fallo por la Coparticipación. Restan según las consideraciones de los opositores unos 176 testimoniales.

Fue una de las jornadas más picantes donde se percibió que el interés por ciertos aspectos irregulares trascendió al oficialismo.

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