Germán Martínez, jefe de bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, confirmó este sábado que evalúan citar a los miembros de la Corte Suprema al Congreso.
Germán Martínez, jefe de bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, confirmó este sábado que evalúan citar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al Congreso en el marco del próximo tratamiento del pedido de juicio político impulsado por el Gobierno contra el máximo tribunal.
«¿Cómo lo vamos a descartar, si son los acusados?”, aseguró Martínez en una entrevista radial en la que también ahondó sobre el pedido que les hizo el presidente Alberto Fernández a los legisladores del oficialismo y sobre los ejes de la acusación.
Al ser consultado en CNN Radio sobre la posibilidad de que la comisión de Juicio Político cite a los jueces supremos al Congreso, Martínez explicó cómo es el tratamiento de un pedido de juicio político en la Cámara Baja. “En una primera etapa se hace un análisis formal de las condiciones que sustentan el juicio político y se abre un sumario. Después viene la etapa probatoria, donde uno trata de reunir la mayor cantidad de elementos para sustentar la acusación”, dijo y agregó: “Allí se puede obviamente pedir la presencia de aquellos que son acusados. Por lo tanto, eso está bajo análisis”.
A continuación, al legislador le preguntaron si desde el Gobierno habían pedido a sus diputados citar a los miembros de la Corte, a lo que respondió: “¿Cómo lo vamos a descartar, si son los acusados en este proceso? Vamos a invitar a todos los que tengamos que invitar”.
«Pensamos que el tema tiene una trascendencia institucional enorme. Ha habido por parte de la Corte sistemáticas incursiones en competencias que son del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Hablamos de aspectos institucionales que afectan al conjunto de la democracia, gobierne el Frente de Todos u otro espacio político”, completó Martínez.
“Primero el Presidente nos pidió que la solicitud realizada por él y por los gobernadores de las provincias pueda tener trámite parlamentario. Eso implica la canalización administrativa necesaria para que nosotros podamos tener condiciones de tratarlo en la comisión de Juicio Político y que podamos allí iniciar el proceso solicitado”, indicó y continuó: “Después, nos pidió ser muy argumentativos, fundamentar todo, darle mucha seriedad institucional al proceso y tratar de que sea un espacio con muchos argumentos y pocas chicanas. También nos recomendó un apego absoluto no solamente a lo que indica el reglamento de la Cámara, sino de la comisión de Juicio Político”.
Con relación a la escasez de diputados oficialistas para la aprobación del pedido, el jefe de la bancada del FdT planteó: “Nosotros trabajamos para que pueda tener aprobación en el ámbito de la comisión y también en el recinto. Excepto en 2015, cuando hubo un intento de juicio político contra el juez de la Corte Carlos Fayt, nos tenemos que remontar al año 2003 o 2004 para encontrar un escenario parecido al que estamos viviendo hoy con la Corte Suprema de Justicia. En ese momento también se dudaba de la capacidad del por entonces presidente [Néstor] Kirchner de generar las mayorías necesarias para avanzar, por ejemplo, con el juicio político contra Moliné O’Connor. Así que nosotros vamos a trabajar para eso”.
Respecto de los argumentos que fundan el pedido de juicio político impulsado por el Ejecutivo, Martínez comentó: “Creemos que es una solicitud absolutamente justa y razonable. Se reúnen todos los condimentos, y las condiciones objetivas y subjetivas para que se pueda avanzar en el juicio político”.
Acto seguido, detalló: “Acá hay dos pilares de la acusación: uno tiene que ver con el absoluto desquicio que la Corte Suprema de Justicia realizó en el ámbito del Consejo de la Magistratura, con decisiones absolutamente equivocadas como haber declarado inconstitucional la ley del año 2006 después de 15 años de vigencia, haberle fijado un plazo al Congreso para que tenga que dictar una ley y la reposición de una ley de 1997. Eso llevó a una parálisis absoluta al consejo que perjudica a todo el Poder Judicial. Y después la transferencia de recursos a la ciudad de Buenos Aires”.