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El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, citó a indagatoria a 18 militares por las torturas y abusos cometidos a soldados durante el conflicto. Aquí el primer abogado que querelló ofrece su testimonio.

Por Pablo Vassel

Luego de recibir decenas de testimonios de ex soldados combatientes en las Islas Malvinas durante agosto de 2005 a marzo de 2007, y obtener algunos pocos documentos oficiales, presenté en 2007 en el Juzgado Federal de Rio Grande la denuncia por las torturas a las que fueron sometidas los soldados por parte de sus propio jefes y superiores. Pedí que se investigasen los estaqueos y el hambre extremo de los soldados.

Más tarde surgirían también los enterramientos y las picanas eléctricas realizadas con los antiguos teléfonos de campaña, entre otras prácticas. En cuanto al hambre, los registros médicos militares posteriormente desclasificados hablan de más de 90 soldados desnutridos y no refieren a casos similares de oficiales y suboficiales. Todo eso en el medio de ovejas inglesas pastando, depósitos llenos de alimentos y el fenomenal aporte alimentario del pueblo argentino. La muerte de varios soldados por hambre y un soldado asesinado por un tiro en la cabeza de su superior sin otro motivo más que un rencor personal del homicida, marcaban un contexto imposible de vincular con una fatalidad o error bélico.

Desde esa fecha decenas fueron las victimas que sumaron su caso a la investigación: soldados judíos torturados por su condición de judío, otro por llegar tarde a la formación riéndose y todos los demás por procurar desesperadamente algo para comer.

No terminaron en Malvinas las penurias para los soldados. No bastó el horror bélico. Al regreso encontraron el trato repudiable. Volvieron a sus cuarteles de noche, ocultos como si hubieran cometido una deshonra. Debieron enfrentar a oficiales de Inteligencia que les advertían “que debían guardar silencio sobre lo pasado en Malvinas”, como reza uno de los testimonios, ya que podían ser considerados traidores a la patria o culpables de revelar secretos militares. Y estábamos en 1982, en plena dictadura militar, la misma que meses antes había dicho que “las urnas estaban bien guardadas” y que “no hay plazos, sino objetivos”.

Como las Fuerzas Armadas no dispusieron un operativo para avisar a los familiares del fallecimiento de los soldados, fueron ellos mismos, doloridos por ver a los padres pedir explicaciones y saber de sus hijos, los que asumieron la dura tarea de decir la verdad a sus familiares: “Señora, su hijo murió a mi lado. No está prisionero ni encerrado en un manicomio”.

La desmalvinización concretó una tarea de silenciamiento, por años y fue en el contexto de la reapertura de los juicios por los crímenes de lesa humanidad que se pudo hablar. Varios de ellos nunca habían contado sus dolores. A las víctimas les fue impuesto como vergüenza el estaqueamientos. Los victimarios respiraban tranquilos. El silencio daba sus frutos y ellos mismos podían tratarse de héroes olvidándose del trato brindado a sus soldados, indigno de código de conducta de un oficial sanmartiniano que se precie de tal.

“Hablemos bajito, que mi señora está cerca y no sabe nada” o “Quiero contar lo que me pasó, para poder juntar fuerzas y decírselo a mis hijos”. O también, “Hay que ir con la verdad por la vida” fueron algunas de las frases que escuché. Claro, el dolor de las víctimas siempre se cuenta en tiempo presente.

Esta investigación y sus relatos solo fueron posibles en un contexto de verdad y justicia. El mismo que permitió a otras víctimas de la dictadura, pero esta vez en los campos clandestinos de detención, en el territorio continental argentino, poder hablar abiertamente de su militancia política o de los vejámenes sexuales, por ejemplo.

Una sociedad que debate sobre las atrocidades de su pasado debía también hacer un lugar para los dolores de los combatientes, porque como decía el gran patriota latinoamericano Augusto Sandino “un soldado que luchó por su Patria, y no le pidió a ella un palmo de tierra para ser sepultado, merece por lo menos ser escuchado, comprendido y respetado”. La democracia argentina no siempre escuchó, comprendió y respetó la voz demandante de los ex combatientes.

La denuncia avanzó, aun en el medio de distintos avatares judiciales. Todo parecía que quedaría en la nada después de un fallo judicial adverso de la propia Corte Suprema de Justicia en febrero de 2015. Días después, en el discurso de apertura del año parlamentario la Presidenta Cristina Fernández asumió, luego de criticar duramente el fallo, el compromiso de acompañar a las víctimas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que se concretó con el Decreto de Desclasificación de los archivos militares existentes en el Ministerio de Defensa y las distintas fuerzas relacionados con Malvinas. En septiembre del mismo año el ministro de Defensa Agustín Rossi entregó a los ex combatientes todo el material desclasificado. No solo demostraba la veracidad y justicia del reclamo sino que incluso evidenciaba que los casos de torturas y vejámenes judicializados eran solo una parte de los casos existentes en los propios archivos militares.

Esta denuncia y su devenir judicial provocaron también la desclasificación, en 2012, del Informe o Comisión Rattembach. Ante el escándalo que había provocado su publicación en 1983, la dictadura ordenó su clasificación como “Secreto Militar y Político”. Fueron los insistentes reclamos de la magistrada a cargo de la investigación fueguina,Lilian Herraez y el reclamo de verdad que ya recorría el país, lo que motivo el fin de su secreto. Por meses todos los informes desclasificados pudieron ser consultados en la web del Ministerio de Defensa.

Ese mismo 2015 el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata, más conocido como el CECIM, que acompaño el reclamo de verdad y justicia desde el primer día y por esos tiempos ya actuaba como querellante en la causa, denunció a la República Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentación que fue aceptada como “Caso” en el mismo año. Desde 2016 el Estado aceptó el trámite de solución amistosa y en este momento allí se encuentra, aunque para los conocedores del sistema, no creen que avance atento el poco interés del Gobierno Nacional en encontrar un camino que permita profundizar las investigaciones. Increíblemente se da una nueva paradoja, vergonzosa, la de los héroes de un país que tienen que buscar Justicia fuera del suyo, porque el que ofrecieron su vida en campo de batalla, allí no la encuentran.

En mayo de este año la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Publico Fiscal de la Nación presentó una imputación por torturas contra 26 oficiales y suboficiales, que incluía modestos suboficiales y a un alto oficial, el general Omar Parada, uno de los que no fueron alcanzados por la reciente resolución judicial de citación a prestar declaración indagatoria, pese a que el reclamo fiscal, el del CECIM y el de la Comisión Provincial por la Memoria, que también querella en la causa, fue la de que se ordene la detención de los imputados atento la magnitud de los crímenes acusados y el quantum de la pena previsto para quienes aplicaban torturas en el ordenamiento legal vigente por aquellos años.

Con la reciente citación a prestar declaración indagatoria se dio un paso trascendente en busca de la verdad y la justicia. Era esperado. Las victimas lo exigían y a veces citaban a San Martín: «La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene” .

* Ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes.